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La Comisión Europea le dice no a Stop Killing Games, pero deja una puerta abierta
La Comisión Europea emitió ayer su respuesta formal a la Iniciativa Ciudadana «Stop Destroying Videogames», el nombre oficial de la campaña Stop Killing Games, y la conclusión fue clara: no habrá una ley que obligue a los editores a mantener sus juegos en un estado jugable una vez que dejan de comercializarse.
La decisión se hizo pública el 16 de junio a través del comunicado oficial de la Comisión Europea sobre la iniciativa Stop Destroying Videogames, que llega dos meses después de que el movimiento recibiera una recepción favorable en Bruselas.
Por qué la UE no puede obligar a las empresas a mantener sus juegos
La Comisión argumenta que imponer esa obligación legal choca directamente con el marco de derechos de propiedad intelectual vigente en la Unión Europea. Bajo la legislación de copyright comunitaria, los titulares de derechos tienen potestad exclusiva sobre sus creaciones, lo que incluye decidir cuándo y cómo operan sus juegos. Añaden además que las leyes de protección al consumidor ya existentes ofrecen salvaguardas suficientes para los jugadores.
La iniciativa, que reunió 1.294.188 firmas verificadas antes de ser presentada formalmente en enero de 2026, pedía precisamente lo contrario: que los juegos sigan siendo funcionales incluso después de que el editor retire su soporte.
Un código de conducta como única respuesta
En lugar de legislar, la Comisión se comprometió a dos acciones concretas. La primera es iniciar, antes de finales de 2026, un diálogo con la industria del videojuego y las asociaciones de consumidores con el objetivo de elaborar un código de conducta voluntario sobre el «fin de vida» de los juegos. La segunda es trabajar con organizaciones de consumidores para informar mejor a los jugadores sobre sus derechos actuales, incluyendo posibles reembolsos cuando un juego deja de funcionar.
Para los organizadores de Stop Killing Games, la respuesta era esperada. En la audiencia ante el Parlamento Europeo en abril ya habían anticipado que seguirían adelante con o sin el respaldo de la Comisión. Ahora buscarán incorporar sus demandas como una enmienda a la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), una propuesta legislativa centrada en proteger a los consumidores en el entorno digital. «Podemos seguir adelante sin la Comisión y su falta de decisión», señalaron a través de sus redes sociales el mismo 16 de junio.
El movimiento también está impulsando legislación similar en California, lo que abre un frente paralelo fuera de Europa.
